En ocasión de recordarse el 20º aniversario de la municipalización, por iniciativa del presidente del Concejo Municipal de La Paz, tuvo lugar el Foro “De la Participación Popular al Estado Autonómico”, que culminó con un masivo reconocimiento a personas e instituciones que de una u otra manera aportaron al proceso. Me incluyeron entre ellas y lo agradezco.
El evento no fue ni tan concurrido ni tan plural como era de esperarse. Algunos invitados del ámbito gubernamental y del propio municipio paceño decidieron brillar por su ausencia. Otros simplemente no pudieron asistir por diferentes razones. Con todo, vale la pena destacar la participación de Carlos Hugo Molina, principal operador de la LPP y Carlos Romero, actual ministro de Gobierno. Por algo será que el tema es capaz de convocar a dos personajes tan disímiles.
La municipalización iniciada con la Ley 1551, a mi juicio, devino de hecho en una política de Estado. Las huellas de esta reforma son demasiado perceptibles como para ignorarlas. Eso es lo que dije en un artículo hace un lustro y ahora lo reitero: “No se trata aquí de averiguar cuáles eran los objetivos reales de los inspiradores y propulsores de esa ley. Para algunos analistas académicos se trataba de una medida de ‘contrainsurgencia’ orientada a atenuar y controlar las eclosiones sociales que se incubaban en las áreas rurales. Para otros era simple y llanamente una propuesta ‘etnofágica’, destinada a destruir identidades socioculturales, mediante la implantación de estructuras estatales de corte colonial-republicano, allí donde subsistían sistemas tradicionales de los pueblos indígenas.
Concedamos que tales propósitos ‘malignos’ pudieron haber anidado en algunas de las mentes que diseñaron la LPP. Sin embargo, no sería la primera vez ni la única en la historia humana que los resultados de determinados proyectos sean exactamente lo contrario de lo que se propusieron sus propugnadores originales.
A propósito de esta reflexión hay una anécdota digna de recordar: la socióloga boliviana Sonia Montaño, en el momento mismo de lanzado el proceso, dijo que sus autores eran aprendices de brujos, pues desataban fuerzas que después no podrían controlar. Dicho y hecho. La municipalización se convirtió en el escenario propicio para un gigantesco ejercicio de empoderamiento de los sectores no solo excluidos tradicionalmente, sino también discriminados, expoliados y vilipendiados.
La gente, especialmente en la extensa geografía rural, comenzó su aprendizaje para ejercer derechos y asumir obligaciones. Por primera vez se topó con la presencia del Estado que además de brindarle servicios, aunque sean todavía precarios, le demandaba una participación responsable y democrática no solo en la conformación de las instancias municipales, sino también en la administración de los recursos públicos. La planificación participativa y el control social pasaron a ser los arietes movilizadores del despliegue de una energía social pocas veces vista.
Que hubo vacíos y fallas de diseño e innumerables distorsiones en su aplicación, por supuesto. Pero los avances logrados son irreversibles. Los líderes del actual proceso de cambios harían bien en comprenderlo, y conseguirían mayores resultados si se proponen profundizar y perfeccionar esos avances, antes que pretender inventar de nuevo la pólvora”.
Hasta aquí lo que escribí hace cinco años. Quizá solo mi reclamo final ya no sea completamente válido. La nueva Constitución y la Ley Marco de Autonomías reconocen y reafirman la instancia municipal autónoma. Está en curso, con sus luces y sus sombras, la elaboración de las cartas orgánicas municipales.
Asimismo, las 11 unidades territoriales indígena originario campesinas en formación, no necesitan descartar en su totalidad el molde municipal para institucionalizar sus usos y costumbres. ¿Todo esto significa que se está profundizando y perfeccionando el proceso iniciado hace 20 años? El debate está abierto.
Es periodista