El paso de Víctor Hugo Cárdenas por el ministerio será recordado solo por clausurar el año lectivo y por la incapacidad total para aplicar cualquier iniciativa.
Hasta ahora uno de los rubros más abandonados en la gestión de la pandemia sigue siendo el educativo. En los inicios del gobierno “transitorio” se veía a las claras que no daban pie con bola. Luego de un anodino e intrascendente interinato colocaron en el cargo a Víctor Hugo Cárdenas, un fracasado líder político de origen aymara que en el siglo pasado estuvo vinculado a la reforma educativa. No se tomó en cuenta la bajísima votación obtenida por él en las frustradas elecciones de 2019 (0,41%) ni sus bravatas religiosas imitando a Bolsonaro y menos su llamado a proporcionar armas de fuego y entrenamiento a las mujeres amenazadas de violencia. Su paso por el ministerio será recordado solo por clausurar el año lectivo y por la incapacidad total para aplicar cualquier iniciativa, por pequeña y modesta que sea, para recuperar el rol del Estado en la educación.
Las autoridades anteriores (2006-2019) tuvieron magníficas oportunidades para dar pasos trascendentes en materia de vincular la tecnología con los procesos educativos. Hubo muchas voces en ese sentido, pero no fueron escuchadas; al final los avances estuvieron por debajo de las posibilidades y a una enorme distancia de las necesidades.
“Su desgracia fue haber nacido en el vértice del cambio. El gobierno constitucional transitorio de Rodríguez Veltzé no tuvo ni el tiempo ni las condiciones para ponerla en práctica. La nueva administración que asumió en enero de 2006 no tuvo ni la visión ni la amplitud de criterio para encontrar utilidad a una propuesta que venía del pasado y por tanto era automáticamente desechable; en vez de apropiársela para reorientarla y perfeccionarla, prefirió echarla al canasto y seguir inventando la pólvora con resultados que al parecer no llevan todavía a ninguna parte”.
De ese modo nos referíamos hace algún tiempo a la Estrategia Boliviana de Tecnologías de la Información y Comunicación para el Desarrollo, entonces conocida como ETIC, sustituida por el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS), cuya aplicación habría comenzado en enero de 2013 a momentos de aprobarse su reglamento mediante Resolución Ministerial 013 del Ministerio de Obras Públicas. Próximos a cumplir ocho años de vigencia es hora de dejar de lado la cháchara tecnicista del PRONTIS y de su reglamento. Los responsables del programa tienen la obligación de decir claro y fuerte cuál es la situación real de la conectividad en todo el territorio boliviano, cómo andamos en capacidades humanas para aprovecharla y cuáles los recursos para ampliarla y sostenerla. Se supone que el Ministerio de Educación tiene a su vez capacidades suficientes para acelerar y sistematizar la producción de la enorme variedad de contenidos educativos requeridos.
Hay actores directos e ineludibles para abordar el tema. En primer lugar están las autoridades educativas que deben superar, entre otras malas prácticas, la inercia paralizante. El magisterio que también debe superar el tono predominantemente reivindicativo de sus demandas sindicales y promover la movilización activa y propositiva de dirigentes y bases en pro de encarar sus responsabilidades en una situación nueva, dificultosa y cambiante.
Las soluciones no vienen solas, serán combinaciones de diversas modalidades: presencial, semipresencial, a distancia (por radio, televisión o internet). Por ello los medios de difusión y las empresas de telecomunicaciones adquieren una enorme importancia. Los primeros tienen la tarea de recuperar las ricas experiencias realizadas en Bolivia en esta materia. Y las segundas, por ser portadoras de las nuevas potencialidades de internet y por el atraso que arrastramos. Tanto ENTEL como empresa pública, como las otras dos privadas tienen responsabilidades sociales insoslayables. Por ejemplo ENTEL para 2015 anunció que en el marco del PRONTIS ya había instalado cerca de 2.000 Telecentros Integrales en poblaciones alejadas y puntos de difícil acceso, construyendo las respectivas radio-bases que posibiliten el servicio de telefonía pública, televisión e internet. Lo que no se dice es cuántos de estos telecentros funcionan realmente y cuántos son apenas un montón de hierros retorcidos, sembrados a lo largo y ancho del país. Y es aquí donde cabe mencionar a otros actores clave: los gobiernos municipales y las organizaciones sociales de cada localidad. Hay abundantes movilizaciones por repartir las migajas del desayuno escolar, pero no sabemos de alguna que incluya la demanda del funcionamiento de tales telecentros. ¡Así estamos!
*es periodista