A un año de la conmemoración de los 200 de la fundación de Bolivia, unos consumen sus energías poniendo zancadillas a sus eventuales contrincantes políticos, mientras otros ocupan su tiempo en actividades constructivas más edificantes. En esta segunda opción parece estar empeñada la Gobernación del departamento de Chuquisaca. Recientemente invitó a una docena de periodistas, principalmente de La Paz y Santa Cruz, para un peculiar encuentro con otros tantos colegas del ámbito local. Con el tema de fondo: rol de los medios en el desarrollo de Bolivia, tuvieron lugar simultáneamente 12 “Diálogos de Café del Bicentenario”.
Como invitado, me tocó compartir la tribuna con Douglas Romay, comunicador potosino formado en la Universidad San Xavier de Chuquisaca y que viene realizando una exitosa y creativa experiencia con las nuevas tecnologías de información y comunicación, tanto en la producción de formatos multimedia como en su difusión a través de mecanismos digitales (dongatotv@hotmail.com).
Centré mi exposición en el controvertido tema de la Ley de Imprenta que en enero de 2025 cumplirá 100 años de existencia. Hice hincapié en la necesidad de abordarlo en el marco del necesario avance de la legislación en comunicación e información en el país, aun a sabiendas de que muchos de los componentes del gremio periodístico prefieren dejar las cosas como están, ante el riesgo de salir perdiendo en los aspectos básicos considerados positivos en la ley actual. Las razones para introducir el asunto en la agenda nacional son muchas y algunas saltan a simple vista.
Obviamente, hace un centenar de años el único medio a considerar eran las imprentas, por lo general operadas manualmente en épocas tempranas cuando los ejércitos, tanto de realistas como de patriotas, arrastraban imprentas móviles consideradas parte del explosivo arsenal bélico. El famoso decreto del 9 de febrero de 1825 emitido por Sucre a su llegada a La Paz, dice al pie “Impreso en la Imprenta del Ejército Libertador”. En tanto que el Acta de la Independencia suscrita el 6 de agosto de aquel año, dice estarlo en la “Imprenta de la Universidad”. El mariscal de Ayacucho en su corto mandato proveyó de imprentas a las prefecturas e incluso mandó traer de Montevideo a los tipógrafos, hermanos Ayllón.
La radio, como medio de comunicación social, surgió en 1929 y comenzó a expandirse durante y después de la Guerra del Chaco, a la vez de transformarse al ritmo de los cambios tecnológicos. Procesos similares ha vivido la televisión desde que se emitió por primera vez en 1979, hasta convertirse en el medio más extenso e influyente en la actualidad. Rol que comienza también a ser cuestionado con la irrupción de la “red de redes” (internet), cuyo dato de primera conexión está marcado el 16 de julio de 1995. Muchos opinan que esta última fecha debiera ser tomada en cuenta como la del ingreso de Bolivia en la llamada “era de la información y la comunicación” que, a pasos agigantados, desarrolla nuevas y cada vez más audaces tecnologías, que en conjunto han venido a llamarse “inteligencia artificial”.
La opinión de “no tocar” la Ley de Imprenta, con tales antecedentes y semejantes desafíos, me parece francamente insostenible.
Apoyados en el derecho a la información y la comunicación, y en el concepto de autoevaluación, incorporados en el texto constitucional, unidos todos los gremios relacionados con la actividad informativa, buscando alianzas con los más amplios sectores sociales, debiéramos llevar la iniciativa para elaborar un anteproyecto de ley que además de tratar los puntos anteriores, dedique un capítulo especial al acceso a la información pública como un derecho de toda la ciudadanía y no solo de los periodistas. Asimismo, elementos esenciales de manejo de los medios del Estado, o medios públicos.
Reconozco que no es una tarea sencilla, pero la peor gestión es la que no se hace.
Carlos Soria Galvarro es periodista.