En la vida de cualquier país hay acontecimientos que dejan marcas indelebles. Tradicionalmente se ha considerado que estos pueden obedecer a causas naturales, fuera de la capacidad de prevención inmediata (como terremotos, grandes incendios, sequías, inundaciones, etc.) o, por el contrario, ocurren como consecuencia directa de la acción consciente de los seres humanos (elecciones, golpes de Estado, referendos, migraciones, guerras, censos y otros).
Sin embargo, en tanto se van esclareciendo las causas del cambio climático, por ejemplo, queda establecido que muchos fenómenos que se creía “naturales” en realidad son el resultado de acciones humanas deliberadas, podría decirse “inconscientes”. Pero ese es tema de otra discusión, lo que importa subrayar aquí es que el Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado la anterior semana (el número 12 en los casi 200 años de la existencia de Bolivia), si bien en líneas generales fue exitoso en su realización, tuvo muchos vacíos de información, una capacitación deficiente e insuficiente de los voluntarios encargados de recoger los datos y, en lugar de contribuir a encaminar soluciones, dejó plantados varios gérmenes de conflicto.
La principal objeción es la escasa confianza que fue capaz de generar el Instituto Nacional de Estadística (INE). En un contexto político de por sí complejo y erizado de contradicciones, la única manera de cumplir bien su tarea era moverse con incuestionable solvencia técnica y, en lo que le corresponde, con auténtica independencia, algo que precisamente no ocurrió y que dio lugar a cuestionamientos permanentes y a veces malintencionados de la oposición.
Otra consideración tiene que ver con la cuestión de límites, principalmente entre municipios y también entre departamentos. Problema que se arrastra desde los anteriores censos y que en lugar de atenuarse se agravó en los últimos tiempos; definitivamente no es el INE la instancia a la que corresponde solucionar estas cuestiones, por ello debió emitir para el Censo 2024 un registro especial, “neutro” para nombrar las zonas en conflicto y no asignar población a ninguna de las partes beligerantes. Obviamente, ya es hora de que las gobernaciones o en su caso la Asamblea legislativa tomen en sus manos el asunto y hagan cumplir la normativa que hasta ahora ha sido nada más que disparos al aire.
Sucede algo similar con el “acarreo” de pobladores citadinos que buscan ser censados en sus comunidades de origen para beneficiarlas con recursos de co-participación tributaria, distribuidos según población. No hay aún apreciaciones confiables sobre el volumen y la tendencia de este fenómeno, pero hay muchas evidencias de que persiste. La normativa, que también ha fracasado en este tema, debería incluir fuertes penalidades para autoridades y dirigencias sociales que promuevan o faciliten estos traslados y sobre todo para quienes amenacen con expropiaciones o expulsiones a los que desobedezcan sus mandatos. Pero el tema es más complicado que eso y no hay que esperar resultados inmediatos pues tiene que ver con las seculares relaciones de expoliación del campo por la ciudad.
Para abordar estos temas y otros que el Censo ha puesto sobre la mesa, como la espinosa y posible redistribución de escaños, la construcción de consensos mediante el diálogo resulta imprescindible. Ojalá que el mundillo político capte esa señal.
A continuación, los años en que se realizaron censos en el país y el número de población: en 1831 se llegó a 1.088.768 habitantes; en 1835, a 1.060.777; en 1845, a 1.378.896; en 1854, a 2.326.126; en 1882, a 1.172.156; en 1900, a 1.766.451; en 1950, a 2.704.165; en 1976, a 4.613.419; en 1992, a 6.420.792; en 2001, a 8.274.325; y en 2012, a 10.059.856.
Se advierte la tendencia neta al crecimiento de la población (de un millón en 1831 a 10 millones en 2012). Los dos casos de descenso son del siglo XIX: en 1835 cuando la configuración territorial de Bolivia no estaba aún definida, y en 1882 cuando sufrió el impacto de la Guerra del Pacífico de 1879.
Carlos Soria Galvarro es periodista.