La Razón (Edición Impresa) / 17 de enero de 2016
Al margen de lo que digan las encuestas, tan poco fiables en nuestro país, lo evidente es que el referéndum constitucional de febrero define el contexto político actual y sus resultados marcarán un hito importante hacia el futuro.
Por una parte, la oposición de derecha, no obstante su dispersión, su falta de liderazgo y su ausencia de propuesta, solamente aspira a un triunfo del No cabalgando sobre los errores e incoherencias del oficialismo. Supone que así tendría esperanzas para 2019. Su punto de partida es que hay aproximadamente un 30% de votación dura que le respalda y que siempre votó en contra de Evo Morales y de los procesos de cambio.
Es obvio que la derecha boliviana está fervorosamente alineada en las corrientes promovidas desde Estados Unidos y algunos países europeos que buscan debilitar, arrinconar e incluso derrocar (con elecciones o sin ellas) a los gobiernos que le son desafectos. Despectivamente llamados “populistas”, esos gobiernos asumieron posiciones soberanas en defensa de sus recursos naturales; promovieron una integración latinoamericana sin la tutela imperialista; unos más que otros, sin salir del marco capitalista, procuraron una mejor distribución de la riqueza atenuando las abismales desigualdades sociales.
En ese camino tuvieron no pocos desaciertos, principalmente en el manejo de la economía; no siempre fueron consecuentes con los procedimientos democráticos y, lo más grave, se mostraron vulnerables a la corrupción. Esos fenómenos influyeron en los recientes resultados electorales en Argentina y Venezuela y ponen en vilo al Gobierno de Brasil. La derecha boliviana encaja perfectamente en esos planes y sueña con la posibilidad de empujar la regresión que supuestamente daría fin a estos procesos.
Por el otro lado, está el oficialismo en campaña por el Sí. A la hora de adoptar una pose triunfalista, pareciera que los estrategas del partido de gobierno no toman en cuenta algunos hechos todavía muy frescos: unas elecciones “subnacionales” en las que el MAS perdió bastiones como la Gobernación de La Paz y las alcaldías de El Alto y Cochabamba; un referéndum en el que por falta de información o por lo que sea los estatutos de cinco departamentos fueron rechazados de manera contundente; denuncias tardías de corrupción que involucran gravemente a una parte de la dirigencia campesina indígena.
Los dos primeros eventos ocurrieron en 2015 (marzo y septiembre), y el tercero se inició el año pasado, pero nadie sabe cuándo terminará, pues es un culebrón de nunca acabar. También hay que compatibilizar en este recuento los gestos autoritarios que se resisten a cumplir las normas electorales y el uso a veces prepotente de los medios y recursos del Estado para hacer campaña, factores que antes que sumar, le restan puntos a la propuesta oficialista.
Y algo más grave aún: el bloque social configurado en los inicios del proceso actual adolece ahora de graves síntomas de erosión, deterioro y recomposición (sectores íntegros que se fueron son reemplazados por otros, menos afines o de dudosa fidelidad a la propuesta original). Innumerables líderes de nivel medio y nacional por criticar algunos aspectos de la gestión de, aunque claro no hay como se diferencien de ella, son los que podrían hacer tambalear la cómoda mayoría del 61% que obtuvo el MAS en las elecciones generales de octubre de 2014. A veces el pan suele quemarse en la puerta del horno.